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Cuando la justicia militar se impone al Estado
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Cuando un territorio propio de una nación se encuentra bajo una situación tal que las autoridades civiles se ven impotentes, por causas internas o por la fuerza de las armas extranjeras, para ejercer las funciones que le son propias, el derecho prevé la acción de una autoridad que gobierna bajo condiciones especiales. En sentido estricto, recibe el nombre de ley marcial la de orden público una vez declarado el estado de guerra e, igualmente, la ley o bando de carácter militar y penal aplicada a tal situación. Los efectos legales de su declaración difieren en las distintas jurisdicciones, pero generalmente implican la supresión o restricción de determinados derechos constitucionales o civiles, y la extensión a la población civil de las leyes castrenses o de la justicia militar.

El derecho internacional prevé la aplicación de leyes marciales, en ocasión de guerra, sobre un estado considerado como enemigo; el Reglamento de La Haya, anexo al IV Convenio de 1907, regula la actuación de la autoridad militar sobre el territorio ocupado. Tal ocupación es considerada antes como un estado de hecho que de derecho; el límite de la ley marcial viene dado por el derecho internacional de guerra.

La ocupación es una situación jurídica que no afecta sustancialmente a la soberanía del estado ocupado, tiene carácter provisional, hace coexistir dos ordenamientos jurídicos y otorga una especial administración a las fuerzas ocupantes.

La ocupación no implica traspaso de soberanía; la ley marcial no puede anexionar, dividir o transformar el territorio en independiente. El ocupante debe respetar, mantener y exigir las leyes en vigor, si bien puede, a su vez, establecer otras para mantener el orden público, la seguridad del ejército ocupante y la continuación del esfuerzo bélico.

La ley marcial no debe referirse a aspectos que no guardan relación con la ocupación. Así se considera, por ejemplo, ilegal la emisión de papel moneda por el ocupante. El derecho internacional no admite tampoco que la ley obligue a prestar juramento de fidelidad a la potencia enemiga, ni atentar contra el honor, derechos de familia, vida, creencias religiosas y ejercicio del culto. La ley marcial puede confiscar la propiedad mobiliaria pública del estado ocupado, pero no los bienes inmuebles, sobre los que sólo puede dictar su usufructo.

En cuanto a la propiedad privada, no pueden ser confiscados, sin indemnización, los derechos patrimoniales de las personas.

Cuando la situación interna de los países se deteriora de tal forma que la seguridad nacional se halle en peligro, los gobiernos acuden a la proclamación de estados excepcionales en los que rige la ley marcial, bajo autoridad militar.

Tal puede ocurrir cuando exista impedimento para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, anormal funcionamiento de las instituciones, deterioro del orden público, insurrección armada, subversión o acto de fuerza generalizado que no pueda resolverse por otros medios.

Esta situación recibe, según los países, el nombre de estado de excepción, de sitio, de emergencia u otro, se publica por bandos y suele limitarse en ámbito territorial, duración y condiciones. La culminación de los estados excepcionales es la proclamación del estado de guerra, en el que existe reconocimiento de beligerancia contra terceros.

La ley marcial puede implicar la movilización de los recursos y actividades que los estados excepcionales exijan. Por efecto de estas leyes, determinadas personas y bienes, como empresas, establecimientos industriales o servicios públicos, pueden pasar bajo control de la autoridad militar.

Fuente(s): eldelito.blogspot.com

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