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Las paradojas de las políticas culturales de América latina
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El artículo 30 de la Constitución boliviana define como "nación o pueblo indígena originario campesino a toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española... En el marco de la Unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos...".

Por su parte la Constitución de Ecuador, en el artículo 54, reconoce que "las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo Montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible". A continuación el Art. 57 define los derechos colectivos de estos pueblos. En total, Bolivia reconoce 18 derechos colectivos y Ecuador 21: a existir, a la identidad cultural, a la jurisdicción indígena, a la libre determinación, a la propiedad colectiva de la tierra, a la propiedad intelectual colectiva, entre otros.

Como se puede observar, en un lapso de tan sólo 20 años se produce una profunda transformación en la concepción misma de los Estados latinoamericanos. La ilusión de los Estados homogéneos culturalmente se desvaneció. La gran encrucijada que viven muchos de estos países es como resolver de manera armónica la tensión natural que genera la diversidad.

De igual manera la gestión cultural adquiere nuevos y complejos retos. De la relativa fácil gestión de los tres pilares clásicos de la administración cultural (fomento a la creación, protección del patrimonio y divulgación cultural) se pasa a una compleja trama de relaciones con otros sectores y con nuevos campos de acción impensables dos décadas antes.

2. Institucionalidad cultural y cambios de paradigmas de Estado
El cambio de paradigmas de Estado que plasman las constituciones de última generación no están acompañadas de una transformación en la estructura y concepción de la institucionalidad cultural, y ésta sigue interpelando a una nación blanca, cristiana y de habla castellana. Hay un gran inmovilismo en las estructuras culturales estatales que no han sido capaces de adaptarse a los retos que plantean las nuevas situaciones políticas y sociales y, por tanto, su acción queda anclada en el pasado, incapaz de proponer la construcción de la nación futura y de los diálogos interculturales, y de hacer efectivos los derechos culturales proclamados en las constituciones.

Dos proyectos oficiales ambiciosos, con cierta similitud, se llevan a cabo en Colombia y Chile, en busca de la diversidad oculta.

El primero se denomina Crea, una expedición por la cultura colombiana, realizado entre 1992 y 1998. Como se puede observar la iniciativa se inicia un año después de expedida la constitución que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La gran movilización cultural abarcó hasta los últimos rincones del territorio con dos fines: ser coherente con los postulados de la constitución, y reconocer y dar visibilidad a la diversidad cultural; y en segundo término contribuir a la formación de una cultura de paz. Con posterioridad al evento, la investigadora Ana María Ochoa Gautier realizó un estudio crítico publicado bajo el título Entre los deseos y los derechos, un ensayo crítico sobre políticas culturales. Este trabajo se constituye en uno de los más lúcidos análisis sobre política cultural escritos en América Latina.

El otro proyecto se denominó Cabildos Culturales: una experiencia chilena de participación social para la construcción de ciudadanía cultural. Se realizaron cuatro cabildos entre 1999 y 2003 que tenían como objetivos reconstruir el tejido social desecho por los 16 años de la dictadura de Augusto Pinochet, reconocer la diversidad cultural y crear condiciones para la construcción de una ciudadanía cultural Democrática. Fruto de esta movilización cultural fue la elaboración de la Cartografía Cultural Chilena y más adelante la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (Ley 19.891 de 2003).

A la situación descrita anteriormente, contribuye de manera importante el cambio de modelo de desarrollo que se genera en América Latina en los años noventa del pasado siglo. De alguna manera, la institucionalidad cultural latinoamericana surgió como parte de las reformas del Estado que se generan como consecuencia del modelo económico implantado en la década del sesenta, "decenio mundial del desarrollo". El modelo, basado en la sustitución de importaciones, la protección económica y la urbanización, implicó también la reforma administrativa del Estado. El sector cultura entró en la reforma, más desde un aspecto de racionalidad administrativa que de concepción de la cultura. En efecto, la primera institucionalidad tenía como propósito aglutinar bajo un solo ente la dispersión de instituciones que desde el siglo XIX habían surgido en estos países y que se alojaban en distintas instancias de los organigramas estatales.

Las bibliotecas, archivos, teatros, museos y conservatorios fueron recogidos bajo un solo ente generalmente adscrito a los ministerios de educación. El modelo a seguir era el flamante ministerio de cultura francés y la figura de André Malraux. (Muchos países quisieron tener su propio Malraux o al menos fue la ilusión de muchos funcionarios). Desde el punto de vista funcional la institucionalidad se basaba en la difusión cultural, fomento a las bellas artes y protección al patrimonio cultural.

Treinta años después, el modelo económico da un giro de 180 grados. A partir del llamado Consenso de Washington, los postulados sobre los que se había construido el modelo económico, y se habían reestructurado administrativamente los Estados, se derrumba. La protección es anatema. El nuevo paradigma es la liberad de mercados. Las empresas estatales, configuradas para prestar servicios básicos, pasan a manos privadas. El Estado se reduce a su mínima expresión y la institucionalidad cultural no es ajena a esta tendencia.

Se presenta, entonces, una gran paradoja: mientras las constituciones reconocen que la cultura es "fundamento de la nación", mientras los movimientos sociales reivindican el papel fundamental de la cultura, mientras los documentos internacionales definen a la cultura como "el fin último del desarrollo" (Informe Pérez de Cuellar, declaración de Estocolmo 1998), la institucionalidad cultural se ve debilitada económica, conceptual y políticamente.

El discurso neoliberal frente a la cultura se sustenta en que la dimensión cultural gira en la órbita de la libertades de pensamiento, creación y expresión y, por tanto, como en la primera generación de Derechos Humanos, la obligación del Estado es de "no hacer", es decir, abstenerse de actuar, pues su acción, a través del dirigismo estatal o la censura, pone en riesgo las libertades sagradas. Según esta concepción el derecho a la cultura es un derecho individual y no social. Esta posición la resume la frase de un presidente de los años noventa, de ingrata recordación: "La ausencia de política cultural del gobierno, es la política". De manera similar, el escritor Álvaro Mutis declaraba a la prensa: "Líbreme Dios de una política cultural".

Si el modelo económico de los años sesenta tenía como ejemplo a Francia, el modelo de los noventa miraba al Reino Unido y a los Estados Unidos, países en los que la actividad cultural se sustenta en la iniciativa particular representada en fundaciones privadas en vez del Estado. El tema del mecenazgo volvió a cobrar actualidad y proyectos de Ley de estímulos tributarios a la cultura se debaten en todas las latitudes del continente americano.

El modelo es Brasil, a través de la Ley Sarney, sustituida por la ley 8.313/91 o Ley Rouanet, nombre de su autor, el entonces Secretario de Cultura Sergio Rouanet. En este aspecto, es interesante recordar el debate que se ha llevado a cabo durante la presidencia de José Ignacio Lula da Silva. Se cuestionan los efectos que ha tenido la aplicación de la Ley Rouanet pues muchos sectores de la cultura consideran que han fortalecido las expresiones de alta cultura (ópera, ballet, música clásica) en detrimento de las manifestaciones populares. Otra de las críticas que se hace es que ha contribuido a agravar los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales, ya que el 80,3 por ciento del financiamiento realizado por los mecanismos de la Ley se concentraron en el suroeste, la región más rica de Brasil, que alberga el 43 por ciento de la población estimada en unos 190 millones de habitantes.


3. Efectividad de los derechos culturales
El investigador mexicano Miguel Carbonell, en un artículo publicado en la revista Isonomía, en el año 2000, escribía: "La salida fácil de los gobiernos de todo signo ha sido reconocer derechos fundamentales (sobre todo sociales, económicos y culturales) y luego no establecer mecanismos para hacerlos exigibles, y este es un riesgo que afecta de forma importante a los derechos que se derivan o pudieran derivarse de la convivencia de diversas culturas y nacionalidades" (Carbonell, 2000).

En efecto parecería que, luego de la euforia constitucionalista, los derechos promulgados se quedaran en meros enunciados y el poder legislativo no volviera a tener interés en reglamentar los instrumentos legales que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en estas constituciones.

Al menos en Colombia, el poder encargado de dotar de contenido a esos derechos y hacerlos efectivos, ha sido el poder Judicial a través de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Sería importante realizar una investigación de jurisprudencia comparada para constatar si este es un fenómeno puntual o si por el contrario lo mismo ocurre en otros países.

Desde 1993 en adelante, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido una serie de sentencias que desarrollan los enunciados de la Constitución de 1991 y hace efectivos muchos de los derechos allí consagrados, sin que estos hubieran sido reglamentados por el Congreso de la República. Un ejemplo es el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas facultadas para imponer castigos acordes con sus tradiciones, teniendo como límite el marco de los Derechos Humanos.

Otro fenómeno interesante es el desarrollo jurisprudencial a principios consagrados en tratados y convenciones internacionales aparentemente no relacionados con temas culturales, como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, a partir del cual se establece el derecho de consulta previa, en caso de decisiones que puedan afectar la vida, la cultura, la educación o el desarrollo de una comunidad determinada.

Fuente(s): pensamientoiberoamericano.org

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